ojala se haga justicia!
EL JOVEN QUE MURIO LUEGO DE UNA RAZIA POLICIAL EN 1991 El Estado será desde ahora parte de la querella en el caso Bulacio
WALTER BULACIO. BRUTALMENTE GOLPEADO EN LA COMISARIA 35ª.
Por el Decreto 1313, el Poder Ejecutivo ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos intervenir como parte querellante en las causas que investiguen el crimen de Walter David Bulacio, quien murió luego de una razia policial en 1991.
Lo hizo al acatar la sentencia de 1993 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso "Bulacio vs. Argentina" y también un fallo de la Corte Suprema de 2004.
"El Estado Nacional tiene un significativo interés institucional en satisfacer los deberes emergentes de su declaración de responsabilidad internacional, entre los que se encuentra el de garantizar a los familiares de la víctima el derecho a la tutela judicial efectiva", dice el decreto, en sus considerandos.
"Vamos a cumplir con cada una de las razones esgrimidas por la CIDH porque para eso somos miembros de ese organismo", dijo el ministro de Justicia, Aníbal Fernández,
Además se revisarán las facultades de detención que tienen las fuerzas de seguridad para adecuarlas a los estándares internacionales: una resolución de ese Ministerio ordena ahora informar sus derechos a los menores de 18 años detenidos, avisar a sus padres y familiares, a los jueces y a las autoridades en la materia. No deberán exhibirle armas, ni alojarlos con mayores. "La persona menor de edad tendrá derecho a comunicarse libre y privadamente", se informó.
Será la Secretaría de Derechos Humanos, cuyo titular es Eduardo Luis Duhalde, la encargada de revivir una causa que hasta el momento no tuvo avances concretos.
Bulacio tenía 17 años cuando fue detenido el 19 de abril de 1991 por la Policía Federal, mientras quería entrar a un recital de Los Redonditos de Ricota. Lo llevaron a la comisaría 35ª donde lo golpearon de manera brutal. Murió a la semana. El jefe de esa seccional, Miguel Angel Espósito, fue el principal acusado, pero al pasar el tiempo se consideró que el caso estaba prescripto.
Familiares de Bulacio, patrocinados por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aceptó el caso.
Cuando era inminente una audiencia ante la Corte internacional, el ex presidente Eduardo Alberto Duhalde firmó un decreto por el cual el Estado argentino se asumió como responsable en las violaciones a los derechos humanos en ese caso.
